En estos momentos en el Congreso Nacional se encuentra un proyecto de ley que podría cambiar la forma en que el Estado acostumbra construir obras de infraestructura.
La iniciativa presentada por el Instituto Dominicano de Auditores de la Construcción (IDACON) busca, según sus promotores, la correcta aplicación de los recursos ciudadanos en las obras públicas, sin infringir los espacios de acción de la Contraloría General de la República, e integrándose al esquema de trabajo de la Cámara de Cuentas.
El senador por la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, es el responsable de la promoción del proyecto que dispone la “Aplicación de auditorías técnicas a las obras públicas”.
“Se trata de darle señales de alarma a las unidades ejecutoras del Estado cuando se presenten posibles desvíos en la ejecución de los recursos, para que tomen las medidas preventivas o correctivas de lugar en un tiempo prudente”, explica Juan Ramón Mella Flores, presidente del Idacon, y autor del libro “Auditorías de las Obras Públicas en la República Dominicana”.
Según dice, las auditorías se aplicarían al proyecto de construcción concluido, y fiscalizarían todos los aspectos técnicos, financieros y legales. Más que los trabajos de supervisión que actualmente se hacen a través de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, los auditores de obras se encargarán de verificar el cumplimiento de todas las normas establecidas en el contrato y en las leyes nacionales.
En su artículo primero, la propuesta de ley contempla que serán sometidos a auditoría los proyectos viales con presupuestos superiores a los US$5 millones. En esta categoría se incluyen construcciones y rehabilitaciones con longitudes superiores a los 10 kilómetros. La construcción o rehabilitación dentro de la categoría Edificaciones será auditada cuando tenga presupuesto superior al US$1 millón, así como aquellas que tengan un área techada mayor a los 1,000 metros cuadrados. Las construcciones y rehabilitaciones del renglón Hidráulicos que ameriten montos superiores a los US$5 millones, así como los que tengan una longitud que pase de los 15 kilómetros, también serán atendidas desde la ley. Las Electrificaciones cuyo costo se coloquen por encima del US$1 millón, y las que tengan una extensión de 15 kilómetros en adelante también serán sujetas de auditorías. Todos los proyectos “Especializados y Novedosos” estarán incluidos, sin importar su presupuesto.
Responsabilidad y costo
El proyecto de ley ya ha sido debatido dentro de un panel de profesionales en la materia, quienes coincidieron en señalar que la aplicación de los procedimientos deberá corresponder a la Cámara de Cuentas de la República, y a firmas independientes que cumplan con las resoluciones emitidas por la Cámara.
Las auditorías aplicadas, indica la propuesta legislativa en su artículo 4, serán financiadas con el 1.5% del costo directo de cada proyecto presentado.
De este monto, el 0.2% será destinado a la capacitación de personal en labores de Auditoría Técnica.
“La capacitación de personal en la especialidad de aplicación de Auditorías Técnicas corresponderá a organismos independientes, los que deberán contar además con la certificación del Idacon”.
“Estamos seguros de que el ahorro que tendrá el Estado con la aplicación de auditorías técnicas en sus más importantes obras será mucho mayor al 1.5% del costo”, entiende Mella Flores desde sus varias décadas de experiencia.
Sus palabras se refieren a la cultura que impera en las construcciones públicas, regularmente cubiertas con cortinas de denuncias de sobrevaloración, baja calidad y poca pertinencia.
Una normativa como la presentada, dice, sería una garantía para que los recursos que obtiene el Estado por el trabajo de los ciudadanos se inviertan con la mayor cautela posible.
“Sería un elemento de disuasión. Si sabes que te van a realizar una auditoría, tú mismo te conviertes en el mejor protector de la transparencia de la obra”, afirma el presidente del Idacon.
En sus consideraciones iniciales la propuesta especifica que no tiene ninguna contradicción con otras leyes de fiscalización, y que viene a garantizar la disminución del riesgo de aplicación de los fondos públicos en obras de infraestructura.
ORGANISMO PROMOTOR DEL PROYECTO DE LEY
INSTITUTO:
El Idacon se describe como una organización sin fines de lucro constituida hace dos años. Procura agrupar a todos los profesionales que estén vinculados de alguna manera a la fiscalización y el control de obras. Su presidente, Juan Ramón Mella Flores, asegura que el Instituto ya ha impartido capacitación a más de cien profesionales de diferentes puntos de la geografía nacional. Este organismo está contemplado en el proyecto de ley mandado al Congreso para la realización de auditorías a todas las obras ejecutadas por el Estado. Se encargará de certificar a las casas auditoras que convocar los fondos de la ley.
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